El viernes 12 de Noviembre se registró un nuevo motín en el Centro de Privación de Libertad Guayas N°1, también conocido como Penitenciaría del Litoral o ‘La Peni’, en la provincia de Guayas, en la región Costa de Ecuador.
Esta nueva situación dejó un saldo de 62 privados muertos y más de 40 heridos. En principio, la Fiscalía General de Ecuador había informado sobre 68 asesinados, pero luego aclaró que la cifra informada previamente se debió «al estado de las piezas anatómicas halladas en la Penitenciaría», puesto que muchos privados de libertad fueron baleados, mutilados e incinerados.
Debido al número de víctimas fatales, esta última masacre se convierte en el tercer motín carcelario más sangriento del año 2021 en Ecuador.
En primer lugar está el ocurrido el 28 de septiembre, también en ‘La Peni’, con un saldo de 119 asesinados. Antes, el 23 de febrero murieron 79 reos en enfrentamientos simultáneos en varias cárceles ecuatorianas; siendo este el segundo motín con más asesinatos.
Estos tres motines no han sido los únicos. El 21 de julio, hubo amotinamientos en dos centros de privación de libertad, con un saldo de 27 reclusos muertos; también el pasado 1 de noviembre otros tres reos fallecieron en nuevos enfrentamientos, y uno más el fin de semana siguiente.
Según un conteo no oficial que llevan los medios de comunicación locales, en 2021 han muerto al menos 321 privados de libertad en diferentes motines en el país.
El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, informó el pasado lunes que su gobierno ha decidido militarizar «de manera indefinida» todo el sistema carcelario del país, una medida que permitirá la actuación de las Fuerzas Armadas junto con la Policía, para «mantener el orden y la seguridad» dentro de los centros de reclusión.
Motín carcelario en Ecuador se viene gestando desde 2019
Ese año, según el recuento de los medios de difusión ecuatorianos, murieron en estos recintos 35 personas, 20 más que el año previo. En 2020, la cifra de asesinatos en las prisiones aumentó a 51 y ya este año sobrepasan las 300.
En un encuentro con la prensa, en octubre de este año 2021, la Secretaría de Derechos Humanos del Gobierno de Ecuador, Bernarda Ordóñez, dijo que una de las cuestiones que minaron la situación de las cárceles tuvo que ver con la eliminación del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Culto, durante la administración de Moreno, puesto que desde entonces «la institucionalidad no está clara» y la división de funciones entre la secretaría que dirige y el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y a Adolescentes Infractores del Ecuador (SNAI), dificultó los procesos administrativos.
«El ministerio tenía articulado un entendimiento de los derechos humanos frente al manejo de las cárceles, bien o mal, con sus falencias, pero existía de manera articulada. ¿Hoy qué tenemos? Por un lado, una Secretaría de Derechos Humanos que no sirve para un carajo y tenemos por otro lado el SNAI, que al final nunca buscan esa articulación”.
En 2020, luego que Moreno declaró por dos años consecutivos dos estados de excepción para enfrentar la crisis carcelaria, la Corte Constitucional (CC) instó al Gobierno a presentar un Plan de Acción para el sistema penitenciario.
El SNAI presentó el plan, sin embargo, la CC se pronunció al respecto y dijo que «las instituciones responsables (de ejecutarlo) no cuentan con las condiciones mínimas para realizar una gestión organizada, eficiente y sostenible que brinde soluciones estructurales«, por lo que consideró el proyecto como «otra medida insuficiente frente a las obligaciones estatales».
Asimismo, indicó que «no existe una política pública con un enfoque de derechos humanos y la aplicación de sus principios transversales, que aborde al Sistema Nacional de Rehabilitación Social”.
Hacinamiento
A principios de octubre de este año, durante una comparecencia en la Asamblea Nacional Ecuatoriana, el ex director del SNAI, Bolívar Garzón, detalló que el hacinamiento en las prisiones de Ecuador llega al 26,57 %. Para entonces existían 38.186 privados de libertad y la capacidad del sistema carcelario en el país es para 30.196 reos.
Otro dato que reveló Garzón es que del total de presos, 22.297 tienen sentencia y 14.803 están sin condena, una cifra cercana al 40 % de la población penitenciaria.
Mientras tanto Fernando Bastías, del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) señaló que los prisioneros están «en condiciones inhumanas«, en materia de salud, alimentación, con tratos crueles y sometidos a voluntades de bandas narcodelictivas.
Agrega que, aunque existen programas para la rehabilitación social, estos se dan «en una menor medida» y «no tienen ningún tipo de eficacia», lo que se evidencia en los indicadores que señalan que 8 de cada 10 personas que han salido de la prisión vuelven a delinquir.
Esto concuerda con un informe elaborado por la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional, que detectó al menos 47 anomalías en cárceles de Guayaquil, entre ellas:
- Los pabellones están controlados por las organizaciones criminales, incluyendo presos con las llaves de las celdas.
- No funcionan las cámaras de seguridad, escáneres y sensores.
- Los reos pueden conectarse a redes de internet porque no sirven los inhibidores de señal.
- Funcionarios no cuentan con garantías, seguro de vida ni similares;
- Se desconoce bajo qué criterio es repartida la comida que se entrega en la puerta de los pabellones.
¿Cuántas bandas criminales operan en las cárceles?
Informes del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes (SNAI) y de Inteligencia policial identifican a 11 grupos narcodelictivos. Entre esos están: Choneros, Lagartos, Tiguerones, Lobos, Fatales, Ñetas, Chone Killers, Águilas, Fantasmas y Cubanos. Cada una de estas organizaciones goza de una estructura jerárquica y de células pequeñas.
Ellos tienen el control de servicios como la alimentación, el derecho a una cama y hasta asesoría legal. Además, se conoce que dentro de las cárceles más grandes hay redes de extorsión, tortura, secuestro y prostitución.
El poder de las mafias dentro de ciertas cárceles es total. Informes, que reposan en el Asamblea Nacional, confirman que las mafias tienen las llaves de las celdas. Las bandas narcodelictivas también modifican espacios de la estructura carcelaria. En los últimos meses se han identificado sitios como piscinas, bares, cantinas y salas de tortura.
Las pugnas de poder entre bandas generaron estas masacres
Los reportes policiales han señalado que la idea de los integrantes de la red criminal que inició el motín en la Penitenciaría del Litoral era apoderarse del pabellón 2, tras la salida de Alex Salazar, de la banda de Los Tiguerones. El 10 de noviembre pasado, Salazar salió de la cárcel luego de que el juez Oswaldo Dávila, de la Unidad de Garantías Penales de Guayaquil, acogiera su solicitud de régimen semiabierto, para cumplir el resto de su condena en libertad.
Informes del SNAI revelan que en los dos últimos años todos los pabellones han sufrido modificaciones en sus jerarquías.
Para inicios de 2020, la mayoría de los pabellones de la penitenciaría eran controlados por Los Choneros. Se tienen datos que alias ‘Rasquiña’, cabecilla de ese entonces, tenía a su mando a más de 1.500 hombres. Con su asesinato en diciembre pasado, la banda se fragmentó y surgieron tres cabezas.
La división de esta mafia hizo que Lobos, Tiguerones y Águilas arremetieran contra esa red. De allí que, en la masacre de febrero pasado, de los 79 presos asesinados en Guayaquil, Cotopaxi y Azuay, 55 pertenecían a la banda de Los Choneros.
Ese ataque desencadenó al menos 14 balaceras dentro de la Penitenciaría de Guayaquil. En esos ataques fueron asesinados presos de los pabellones 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 12. El pabellón 5 fue el escenario más atroz de este año.
Pasan al menos dos semanas hasta que los nuevos líderes aparecen y dan las nuevas reglas. Las alianzas entre redes también se activan. Hoy se conoce que los ChoneKillers apuntan al control del pabellón 2. Ellos ya han pasado por el dominio de esa sección; forman el brazo armado de Los Choneros y en las calles de Durán y Guayaquil dominan el negocio de los sicariatos.
Ingreso y tenencia de armas, un fenómeno regional
Fusiles, pistolas, balas, silenciadores y hasta granadas ingresan a las cárceles por distintas vías. La Policía ecuatoriana detectó el uso de drones por parte de mafias internas para introducir material a las prisiones. Esto es algo que ya se hace en otros países como Colombia, Chile, Brasil , México y Francia.
Las últimas investigaciones apuntan a que las organizaciones reciben entrenamiento de carteles para abastecerse de armamento. Pero en Ecuador el fenómeno es nuevo. Hay datos a partir de junio en el que se contabilizan 10 casos en los que se ingresó material prohibido usando estos dispositivos (drones), la práctica se conoce como Narco Delivery, método importado de Mexico.
En octubre de este año, uno de los cerramientos de la Penitenciaría del Litoral fue dañado para intentar ingresar armas. Por esto, tres hombres fueron detenidos y se les incautaron: 2 fusiles, 5 pistolas, 4.494 cartuchos calibre 9 mm, 250 cartuchos 38 mm, 100 cartuchos 45 mm, 75 tacos de dinamita, 3 granadas, 8 alimentadoras, 2 cizallas en unos bultos.
La Policía aún no identifica a quienes llevaron el armamento hasta la prisión y cortaron la cerca para ingresar el arsenal.
Todo esto subyace en que las organizaciones delictivas buscan el control de las rutas de la droga, que proviene de Colombia, y que sale a Europa y Estados Unidos por puertos ecuatorianos. Reportes señalan la presencia de “emisarios” de los cárteles Jalisco Nueva Generación y Sinaloa, que buscan apoyo de las bandas criminales locales para controlar el envío de drogas. La penetración de estas organizaciones criminales para mantener la red se concentra en la capital, ya que es la autopista de la cocaína hacia Europa y Estados Unidos.
Mientras tanto, el Gobierno de Ecuador asegura que por la forma en la que se presentó a la opinión pública los hechos de violencia, son actos terroristas, que buscan conmocionar a la población y generar un clima de inseguridad sostenido.
También hechos de sicariatos en lugares públicos, similares a los que se presentan en Colombia o México, se vienen presentado en Guayaquil. Lo que puede sustentar la teoría gubernamental sobre un aumento de la violencia en las calles de la capital como un plan para desestabilizar al país.
Las prisiones son un lugar de reclutamiento de las bandas criminales. Lo que sí queda bastante claro es que las cárceles han pasado de ser instrumentos de disuasión y rehabilitación a espacios impulsores de la criminalidad y la violencia. Esto, aunado al hacinamiento que padecen estos espacios, jugando un papel clave en el poder entre bandas, favoreciendo el crecimiento de redes criminales. Al tener una población tan numerosa, hay menos control del Estado.
También se genera el escenario en el que a consecuencia de esta superpoblación, las autoridades penitenciarias, recurren a estos grupos narcodelictivos para organizar el funcionamiento de los recintos carcelarios, tal y como ocurre en varias cárceles ecuatorianas.
Ausencia del Estado
Expertos y analistas de seguridad del país coinciden en señalar que las masacres carcelarias se produjeron este año por “la ausencia del Estado al interior de las cárceles”.
Diego Pérez, docente especialista en temas de seguridad, asegura que la falta de un control estatal efectivo es un punto crítico que enfrenta el sistema penitenciario. Dice que una muestra de aquello son los constantes hallazgos de armas de fuego, cuchillos, droga, objetos explosivos y otros artículos prohibidos dentro de los centros carcelarios. Propone que para frenar ese problema se “debe aislar a presos de alta peligrosidad, ubicarlos en pabellones específicos y aumentar la seguridad de esas áreas”.
El penalista Mauricio Pacheco sostiene que el Gobierno debe adecuar una cárcel de alta seguridad en el Ecuador para que los reos más peligrosos estén aislados en esa prisión y que cada uno tenga una celda individual, donde puedan ser vigilados constantemente. Además, considera que la última masacre es una muestra de que “existen poderes fuera de los legales o estatales que están manejando las cárceles”.
Añadió que así los cabecillas de las bandas narcodelictivas estén dentro o fuera de las cárceles igual se producen actos de violencia. “No se ha hecho nada por parte del Estado para mantener el control interno de los centros penitenciarios”.
La abogada constitucionalista, Pamela Aguirre, indica que se tiene que recuperar la presencia del Estado en los centros de rehabilitación social. “En la Constitución se establece que el Estado es el responsable de precautelar la salud y la integridad de todos los ciudadanos, incluidos los que están detenidos”, dice la jurista. Añadió que “la crisis carcelaria no es un problema reciente, sino que se arrastra desde gobiernos anteriores”, pero sostiene que el actual Mandatario es responsable de no tomar las medidas necesarias para salir de la situación.
Por su parte, el experto en carteles Daniel Pineda, señala que está comprobado que cuando se afecta a los jefes de las bandas se incrementan los delitos en las calles. “Las retaliaciones y los asesinatos también aumentan. Las autoridades no conocen el problema de fondo. Se debe crear un sistema electrónico para el cálculo del cumplimiento de penas, para que no haya personas en prisión cuando debieran salir”.
La sociedad moderna se caracteriza por una diferenciación funcional entre ella y sus subsistemas (instituciones), dotándolos de autonomía y especificidad, asignando funciones que sistemas más generales no pueden satisfacer. Por ejemplo, el control social implementado por un sistema penal es más exacto, formalizado y diferenciado que el control social de la iglesia o la policía, por ende, la ampliación del control social, propio de la policía, a instituciones como la rehabilitación social, salud o justicia penal resulta en la debilitación de aquellas instituciones y, tal vez, paradójicamente, en menos seguridad.
Los acontecimientos en las cárceles de Ecuador deberían interpretarse, por lo menos, parcialmente, en esta luz, evidenciando la militarización de las cárceles como contraproducente.
Sin embargo, cabe mencionar que la masacre en las cárceles ecuatorianas era una bomba de tiempo, cuya causa yace en una política criminal mal encaminada desde hace muchos años y la administración carcelaria nunca ha sido puesta en la capacidad de ofrecer un manejo adecuado del aumento de la privación de libertad.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló que los Estados que no pueden garantizar la seguridad de sus presos, pierden el derecho a privarles de su libertad. Entonces la pregunta es: ¿El sistema de control social existente en América Latina es el adecuado para sus sociedades o debemos ir hacia una reformulación de estas prácticas?
Pues creemos que actualmente las leyes y políticas ciudadanas están desvinculadas de las realidades y que las acciones deben encaminarse a formas más eficientes, justas, organizativas, mejor administradas y con enfoque en Derechos Humanos verdaderamente y no reproduciendo viejos patrones de castigo que evidencian un retroceso institucional y refuerzan el estado opresor. Hay que invertir en prevenir el crimen, más que en responder al crimen.
