Por: Jhosy Coronado
En este mes de octubre se cumplieron 529 años desde el inicio de la invasión europea a los territorios del Abya Yala y el posterior genocidio contra los pueblos originarios, es por ello que dedicaré las siguientes líneas a ofrecer una aproximación sobre cómo se ha llevado a cabo el proceso de dignificación y reconocimiento de las comunidades indígenas en Venezuela durante las últimas décadas – incluyendo avances y retrocesos – partiendo desde el proceso Constituyente de 1999 hasta compartir algunos datos sobre la actualidad.
La Democracia Participativa y Protagónica es una forma de gobierno que se vuelve el principio fundamental bajo el cual se desarrollan los debates que dieron paso a la redacción de una nueva constitución, la refundación de la república y la definición de Venezuela como una nación multiétnica y pluricultural.
Esto se traduce en que se generaron mecanismos legales para que la población venezolana se asuma como sujeto político y mediante la organización popular, garantice que sus decisiones sean vinculantes en los destinos de la República, no solamente ejerciendo el derecho al voto cada cierto tiempo, sino participando activamente en la planificación y ejecución de las políticas públicas. Definir la República Bolivariana de Venezuela como una nación multiétnica y pluricultural es reconocer la importancia en términos culturales, identitarios e históricos de las comunidades originarias que habitan estos territorios desde hace al menos 8mil años. (1)
Estas definiciones son considerados un hito histórico en “la defensa y protección de los derechos culturales, políticos, sociales y económicos de las comunidades indígenas” para la investigadora y defensora de las comunidades originarias Dubraska Hernández, quien además destaca la posterior creación del Ministerio de los Pueblos Indígenas y de leyes como: la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, Ley de Idiomas Indígenas, Ley de Patrimonio Cultural y la Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y Tierras de los Pueblos Indígenas.
Asumir la Democracia Participativa y Protagónica como principio fundamental para el desarrollo del andamiaje legal que acabo de mencionar, generó un cambio de paradigma en la forma en la que se venían tratando las comunidades originarias desde la constitución de la República en 1830, donde se planificaban y ejecutaban “políticas asimilacionistas o integracionistas que consideraban al indígena como un menor de edad que debía ser tutelado por el Estado, donde no tenía ninguna participación activa, sino que era un simple receptor de las políticas que otros diseñaban”, según el análisis del investigador y docente sobre DDHH de los pueblos indígenas, Erick Gutiérrez García.
Gutiérrez agrega que este cambio permitió dar pasos hacia la refundación multicultural del Estado, cuando las comunidades originarias pueden participar en el diseño y ejecución de planes y políticas en materia de salud desde su propia cosmovisión y no desde la lógica de la medicina occidental, integrándose y/o dirigiendo el Servicio de Atención y Orientación al Indígena (SAOI), instancia creada por el Estado para este fin.
También en materia educativa ocurre algo semejante ya que empieza a darse un proceso de formación de maestras y educadoras indígenas, el cual “avanza poco a poco, pero hay una incorporación del indígena incluso en la elaboración de los materiales educativos, alguna vez se hicieron guías pedagógicas con las maestras, un material importantísimo para la educación de primero y segundo nivel”, señala el investigador Gutiérrez, quien además destaca la creación de universidades indígenas donde egresan los y las estudiantes tras haberse especializado en saberes bajo su propia cosmovisión.
Hoy en día los pueblos originarios también tienen representación en el parlamento con la elección de tres diputados quienes los representan en la Asamblea Nacional (AN), estos voceros y voceras eran electos en base al padrón electoral general en 10 estados de Venezuela, pero a partir de una solicitud elevada por las comunidades indígenas ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), para las elecciones del 2020 se aplicó un método acorde a sus propias costumbres, otra muestra del protagonismo que asumen estas comunidades y cuyas decisiones han podido ser vinculantes a partir del reconocimiento legal de sus derechos.
Tras esta solicitud, el Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó un reglamento Especial el 24 de julio del 2020 mediante el cual se delimitaron tres grandes regiones: Occidente: Conformada por los estados Zulia, Mérida y Trujillo; Sur: Conformada por los estados Amazonas y Apure; y Oriente: Conformada por los estados Anzoátegui, Bolívar, Delta Amacuro, Monagas y Sucre.
En cada una de estas grandes regiones las comunidades originarias eligieron 3.558 voceros y voceras, que, reunidos en asambleas públicas, a mano alzada y con la presencia de testigos de las organizaciones políticas postulantes y un representante de las autoridades electorales, determinaron quienes serán sus tres representantes en la AN para el periodo 2021 – 2026, siendo este uno de los últimos avances en el reconocimiento de las costumbres y tradiciones de los pueblos originarios. (2)
Repatriación de la Abuela Kueka Pachis, defensa de nuestra ancestralidad e identidad cultural
La Abuela Kueka es una anciana sabia y protectora del pueblo, su historia se refiere a una hermosa y aguerrida leyenda de amor. Las comunidades Pemón y Macuxi fueron enemigas desde tiempos inmemoriales y sus pueblos separados con estricto celo por el Dios Makunaima, hasta que Taure Pam, joven de la comunidad Pemón, desposó a la joven más bella de la comunidad Macuxi, irrespetando las normas establecidas. Los irreverentes amantes se fugaron, rompiendo las normas del Dios Makunaima, que prohibía la unión entre ambos pueblos, por lo que fueron convertidos en piedra para que vivieran eternamente juntos. (3)
Este importantísimo símbolo en la cosmogonía del Pueblo Pemón fue extraído en 1998 de su territorio ancestral, violando la regulación sobre el Parque Nacional Canaima como Área Bajo Régimen de Administración Especial. Desde ese entonces el Pueblo Pemón, encabezado por las mujeres de la comunidad, dirigió una lucha por la repatriación de la Abuela Kueka.
Ese mismo año en el marco de la campaña presidencial, Hugo Rafael Chávez Frías “fue al sector 5 en la Gran Sabana donde los Pemones de Maurak y Mapauri se lo comentaron y él asumió esa bandera como suya” comenta Dubraska Hernández sobre el compromiso asumido en retornar la Abuela Kueka a su lugar sagrado.
Desde el año 2000 el gobierno encabezado por Hugo Chávez inició gestiones para el cumplimiento de la palabra empeñada con el Pueblo Pemón, para el 2010 la Cancillería venezolana reimpulsa el proceso de negociación hasta que en mayo de 2018 inicia formalmente el proceso de repatriación tras el viaje de una delegación del Pueblo Pemón hasta Alemania (lugar donde se encontraba para entonces la Abuela Kueka) a fin de realizar un ritual de sanación que daría pie a la definitiva repatriación.
Dubraska Hernández participó en el equipo de especialistas que lograron finalmente la repatriación y nos comenta al respecto que: “La Abuela Kueka Pachis hay que respetarla y honrarla ya que es un símbolo sagrado, incorporarme en esa comisión para su repatriación es una responsabilidad militante a gran escala, porque si bien su resultado se dio producto de un acuerdo amistoso entre Venezuela y Alemania tras 21 años de disputa, es un esfuerzo tenaz, discreto, paciente, consciente y constante del Pueblo Pemón (de la familia lingüística Taurepam de la Comunidad Santa Cruz de Amapola). Este acto constituye una garantía para la protección de los derechos culturales de los pueblos indígenas y participar en ello es la ejecución material de lo plasmado en la Constitución, a mi parecer hablar del retorno de la Abuela Kueka debe celebrarse como un acto de reconocimiento al legado y memoria del comandante Chávez quien asumió ese compromiso desde 1998”.
Hernández plantea sobre la importancia de este hecho en términos políticos y culturales que la repatriación de la Abuela Kueka “se inscribe en un proceso socio – histórico interesantísimo, donde el rescate de la identidad nacional originaria mediante la recuperación y valoración de este patrimonio cultural, material, natural y espiritual del pueblo venezolano, son valores promovidos por la Revolución Bolivariana aterrizados en la propia Constitución que reconoce la importancia de las comunidades indígenas como el acervo fundamental histórico de nuestro pueblo”.
Según la interpretación del Consejo de Sabios de Mapaurí, con su regreso al territorio sagrado la Abuela Kueka Pachis viene a restaurar el equilibrio energético del país, a traer reconstitución, unidad, paz. Para el Pueblo Pemón ella es considerada garante del equilibrio y la armonía de la naturaleza.
Para la investigadora Dubraska Hernández la difusión adecuada de la historia sobre la repatriación de la Abuela Kueka puede tener un impacto internacional como expresión de la lucha de los Pueblos Originarios contra el saqueo cultural del que han sido víctima, muchas comunidades indígenas están tratando de reconstruir su propio patrimonio y hace referencia por ejemplo, al penacho de Moctezuma de México que actualmente está en Suiza y niegan su repatriación alegando que en las condiciones que se encuentra no soportaría el traslado hasta tierras Aztecas de donde nunca debió salir. La repatriación de la Abuela Kueka Pachis “es un referente que se dio bajo ciertas condiciones políticas específicas, valga destacar, bajo el gobierno de la Revolución Bolivariana y debe ser un faro guía para casos similares a escala global”.
Deudas por saldar, conquistas por alcanzar
Para los analistas el punto neurálgico en la disputa por el reconocimiento de los derechos indígenas es el tema de la tierra, tras la aprobación de la Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y Tierras de los Pueblos Indígenas en el 2001, se agudizó el conflicto de intereses con latifundistas, ganaderos, y más recientemente con empresas y mineros ilegales – entre otros actores económicos – que no están dispuesto a reconocer el derecho ancestral que tienen las comunidades originarias sobre los territorios que han habitado por generaciones desde hace miles de años.
Luego del pronunciamiento de la Ley se crea una comisión especial para este fin en la Asamblea Nacional, teniendo lugar las primeras entregas de tierras y titulación colectiva, inalienable, imprescriptible, inembargable e intransferible, para el año 2005, proceso inédito en nuestra República y nuevamente se fija un referente para legislaciones y luchas a nivel mundial.
Este marco legal permite que comunidades indígenas organizadas en la defensa de sus derechos, como es el caso del Pueblo Yukpa, encabecen un proceso de autodeterminación y delimitación de los territorios de los que habían sido desplazados recientemente por ganaderos y hacendados en la Sierra de Perijá, estado Zulia.
Una vez determinadas las tierras que les pertenecen desde tiempos ancestrales, la propuesta de delimitación era elevada a la Comisión Especial asignada por la AN a fin de encaminar el curso legal de la titulación colectiva de tierras. Para agosto del 2012 se habían titulado 1,81 millones de hectáreas para las comunidades indígenas (4), aunque el proyecto inicialmente planteaba que el proceso de delimitación y titulación debía concluirse en dos años.
El sicariato del Cacique Yukpa Sabino Romero Izarra
En el año 2013 se registra un suceso lamentable, es asesinado el Cacique Sabino Romero Izarra, líder del Pueblo Yukpa quién había venido dirigiendo el proceso de recuperación y autodeterminación de los territorios que habían sido desplazado de manera forzosa por ganaderos y hacendados en la Sierra de Perijá. Él, su compañera e hijo menor fueron interceptados por dos motorizados quienes dispararon contra ellos asesinando a Sabino e hiriendo a Lucía Martínez Romero.
De este hecho resultan imputados Ángel Romero Bracho, alias “El Manguera”, por ser el autor material del asesinato, además de 5 policías municipales de Machiques de Perijá – entre los que se encuentra Giovanni Delgado, quien manejaba la moto desde donde dispararon a Sabino – por participar en grado de complicidad. La familia se Sabino Romero sigue exigiendo hasta la fecha que sean procesados los autores intelectuales del asesinato, señalan a ganaderos de la zona como responsables de haber pagado al sicario Ángel Romero Bracho para que cometiera el asesinato del Cacique Yukpa.
Este suceso expresa que los poderes fácticos presentes en los territorios sagrados y ancestrales de los pueblos indígenas no tienen planeado retroceder en su afán de apropiarse de esas tierras y sus riquezas, en detrimento de las comunidades originarias, aliándose con la delincuencia, oficiales corruptos de los cuerpos de seguridad y con quien sea necesario para defender sus intereses económicos.
Este precedente no detuvo el proceso de titulación de tierras y para el 2016 la cifra ascendía a 3,28 millones de hectáreas de tierras demarcadas para los pueblos indígenas, según el balance de memoria y cuenta ofrecido por la presidenta del Parlamento Indígena de América, Aloha Núñez (5). Sin embargo, para muchos especialistas esta sigue siendo una de las principales deudas que se tienen con los pueblos originarios tras no haber cumplido aún con las metas asumidas ante las comunidades indígenas.
La actividad minera desde la lógica occidental del capital
Una de las principales banderas de lucha del Cacique Sabino Romero, el Pueblo Yukpa y el Pueblo Wayuu, eran (y son) no permitir que avancen proyectos mineros para la extracción de carbón en el Zulia, iniciativa que tiene su génesis hace más de 40 años cuando se dieron las primeras exploraciones y estudios de rentabilidad en la cuenca del Río Guasare, “A partir de 1987 se inicia la explotación del carbón en la mina Paso del Diablo junto al Guasare y se empieza a notar la presencia de Venezuela en el mercado carbonífero mundial. En 1994 se crea la empresa Carbones de la Guajira, S.A bajo la protección de Corpozulia. En 2004 se entregan concesiones mineras en toda la región para ser operadas por las estatales Corpozulia, Carbozulia; la empresa privada Vale do Rio Doce, un conglomerado de accionistas de Estados Unidos, Holanda y Brasil; la irlandesa Caño Seco y la Inter-American Coal, de capital estadounidense y holandesa; así como la chilena Carbones del Perijá”. (6)
La lucha de pueblos indígenas y organizaciones defensoras del ambiente tienen eco en la voz del Presidente Chávez quien declara en el 2006 «si no se respetan las selvas y las montañas en la Sierra de Perijá, el carbón se queda bajo tierra». Sin embargo, en 2008 el gobierno se hace de la mayoría accionaria en las minas zulianas conocidas como Carbones del Guasare, manteniendo la asociación con las empresas norteamericanas Anglo American Coal y Peabody Energy, según datos de ecopoliticavenezuela.org.
En 2017 el Ministerio para el Desarrollo Minero Ecológico presenta el Plan Operativo para la nueva etapa en Carbozulia, que en sociedad con la Interamerican Coal, se proponía “reactivar las minas de Carbozulia, Mina Norte y Paso Diablo, para llegar a una producción de 8 millones de toneladas en cuatro a cinco años y un total de 60 millones de toneladas extraídas para dentro de diez años”, según declaraciones de Robert Reuijl, presidente CEO de la transnacional minera. (7)
Entrevisté a un activista y defensor de los derechos indígenas y ambientales que hace vida en estos territorios del estado Zulia, esta persona me pidió proteger su identidad por temor a ser víctima de represalias como ya ha sucedido en el pasado. Él nos confirma que hay actividad en la mina Paso del Diablo y que ha afectado el agua de los caños al punto que ya no es apta para el consumo humano ni animal, así mismo se registran explosiones que hacen temblar el suelo esparciendo carbón y polvo en el ambiente, alterando la vida de la fauna y la flora, produciendo abortos en el ganado de cría, entre otras consecuencias negativas para las comunidades Wayuu que habitan estas tierras.
El presidente de la trasnacional Interamerican Coal, aseguraba en sus declaraciones que la actividad minera se traduciría en “bienestar para los pobladores de La Guajira”(6), sin embargo, nuestra fuente aclara que esta empresa en el mejor de los casos contrata algunos Wayuu para realizar trabajos manuales como personal de limpieza, ya que los indígenas no tienen formación académica para asumir labores técnicas en un minera, el deseo del Pueblo Wayuu es retornar a su dinámica agrícola, de cría de ganado y ovejas.
Sobre la Mina Norte informa que ahora mismo no se encuentra activo el proceso de extracción pero hay presencia y control territorial por parte de las empresas mineras, solamente se puede atravesar el territorio controlado por la Mina los días domingo y lunes para quienes pretendan llegar a los territorios en los que aún se les permiten estar asentadas a la comunidades indígenas, “los portones de la Mina Norte están cerrados y la población solo tiene acceso dos días a la semana” afectando a las comunidades de Santo Domingo, Sierra Maestra y la Fé.
Por si fuera poco, esta fuente denuncia que este territorio fronterizo está dominado por grupos armados irregulares quienes se dedican a contrabandear ganado que traen los ganaderos del Sur del Lago, llegando a extraer del territorio nacional hasta 700 animales a la vez, los cuales son trasladados hasta un pueblo llamado Majayura en territorio colombiano, y toda esta actividad delictiva se ejecuta a través de los territorios que comprende la Mina Norte. Estas acciones ilegales implican una pérdida para el Estado venezolano que subsidia la cría de estos animales para la producción de carne que luego es extraída del territorio nacional y de la mesa de las familias venezolanas.
Muchas comunidades indígenas se han visto en la obligación de ceder sus territorios ante la presencia de estos grupos armados, quienes además perturban el regular desenvolvimiento de la vida de los pueblos originarios. La fuente señala que algunas mujeres indígenas se relacionan y resultan embarazadas de miembros de los grupos armados, “si las mujeres lo piden, reciben subvención para la cría de su hijo que cuando crece es reclutado por el grupo irregular”.
Dubraska Hernández analiza las agresiones de las que son víctimas las mujeres indígenas quienes son las principales responsables de la preservación de las costumbres ancestrales a través de la transmisión de la memoria oral, en las prácticas y en su liderazgo. Hernández señala que el cuerpo femenino ha sido considerado un botín de guerra en todos los procesos históricos que hemos vivido desde la conquista, la guerra de independencia, la República y aún en la historia contemporánea como ya hemos podidos constatar en el propio territorio, donde los vientres de las mujeres indígenas están siendo usados como lo hicieron con las mujeres negras esclavizadas, son consideradas un banco para reproducir la mano de obra esclava, solo que ahora los niños y niñas que nacen de sus vientres son reclutados por grupos armados irregulares o terminan siendo mineros ilegales, el tráfico y la trata de mujeres indígenas en el contexto minero es una realidad palpable.
Con respecto al tema de la minería volvemos a citar el análisis del investigador Erick Gutiérrez, quien nos invita a tener “una aproximación honesta intelectual y políticamente” del caso, que para él va más allá de un “régimen político determinado”, y que no puede ser estudiado como un caso comunitario o local ya que no se estaría viendo el contexto geopolítico que lo arropa.
Gutiérrez nos invita a “apuntar nuestra mirada crítica al modelo moderno, al modelo colonial, capitalista y sino extractivista” y que todo eso tiene que ver con una “colonialidad de la naturaleza”, “el tema de la minería que parece un problema comunitario, en realidad nos está revelando un campo de lucha geopolítico, porque lo que está en juego a nivel local es la reconfiguración mundial, global del capitalismo o de los capitalismos, uno que se hunde y otro que emerge, que desde el punto de vista teórico podría denominarse localismo globalizado, porque tiene que ver cómo esta dinámica globalista, bien sea de un sentido o de otro, a nivel local genera determinados tipo de impactos”.
Erick Guitérrez plantea que estas circunstancias generan “procesos de endocolonialismo y desarraigos inducidos que arrastran etnofagicamente a las y los indígenas a cambiar su matriz cultural ancestral respecto a la minería, hay culturas que autóctonamente no tienen minería y la prohíben inclusive en su cosmogonía, en su espiritualidad, o por lo menos la minera que practican no tiene nada que ver con la minería capitalista, pero son presionadas etnofagicamente, endocolonialistamente a través de esos desarraigos a esa minería, generando vulnerabilidades adicionales a las que ya históricamente padecen y si a eso le sumamos, las vulnerabilidades inducidas por el bloqueo criminal hecho por las medidas unilaterales y coercitivas implementadas por el gobierno de los Estados Unidos y sus aliados, entonces empujan más aún a las comunidades vulneradas hacia esas prácticas que no son autóctonas, sino que los hace participes de su propio etnocidio, ecocidio, sino también de su propio epistemicidio, espiritualicidio – en términos de Grosfoguel – y también a su genocidio”.
Este especialista concluye sus reflexiones sobre el tema indicando que en estos momentos se plantea una lucha por recuperar o restituir las comunidades desplazadas a sus territorios, pero también por restituir su fortaleza cultural, señala que eso está planteado en la Ley de Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas y que supone para los propios pueblos y sus vocería y organizaciones “retomar su propia agenda política, que básicamente es volver al espíritu constituyente de 1999 para los tiempos actuales”.
Desde la conquista, Latinoamérica ha sido considerada por sus colonizadores una reserva de recursos naturales para ser explotados, en la actualidad la disputa entre Estados Unidos y sus aliados del capitalismo occidental por seguir siendo el hegemón de la economía mundial, frente al avance de la República Popular China como principal potencia económica, resulta en la presión o alianza con gobiernos locales para el avance de políticas extractivistas que se expresan en la privatización de la Amazonía en Brasil, en la aplicación de la “Locomotora Minera” como palanca de la economía colombiana desde el gobierno de Álvaro Uribe o en la explotación del Arco Minero del Orinoco en Venezuela como alternativa para dinamizar su dinámica economía fuertemente afectada por el derrumbe de su industria petrolera y el bloqueo económico norteamericano.
En Venezuela, tras del avance indiscutible en términos legales y de dignificación de los Pueblos Originarios, hay una reconfiguración del escenario y modelo económico, luego de presiones sobre la administración del Presidente Nicolás Maduro que han incluido: pagos de deuda con giros por encima de mil millones dólares a la vez (8), situaciones de violencia como las guarimbas del 2017 que generaron un escenario de guerra civil en el país, intentos de magnicidio, bloqueos y sanciones económicas, entre muchas otras maniobras que han realizado gobiernos y actores foráneos con aliados internos, a fin de cambiar el rumbo de la Revolución Bolivariana y la transición al Socialismo con la Comuna como injerto “que parirá el socialismo en el territorio”. (9)
La necesidad de generar recursos para poder gobernar un país asediado por potencias extranjeras ha dado pie a la aprobación de Zonas Económicas Especiales, de leyes para el incentivo de la inversión extranjera como la Ley Constitucional Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos Humanos, que ahora en lo concreto están por encima, por ejemplo, del derecho a la consulta previa que tienen las comunidades originarias antes de desarrollar proyectos mineros en sus territorios.
Es así de complejo el escenario y los retos que enfrenta el pueblo venezolano incluyendo sus comunidades indígenas, pero tras más de cinco siglos de lucha sin claudicar no podemos esperar otra cosa que la continuidad de un esfuerzo heroico por la defensa de sus derechos y su dignidad, la retoma del espíritu constituyente y el ejercicio de la Democracia Participativa y Protagónica es la alternativa para poner sobre la mesa planes con viabilidad económica que le ofrezcan una opción al país y su gobierno, sin que se vean comprometidos los recursos naturales ni el horizonte estratégico.
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1.- Arqueología Cronológica de Venezuela 1957, J. M. Cruxent: Irving Rouse
3.- http://mppre.gob.ve/2020/04/16/piedra-abuela-kueka-pueblo-pemon-llega-venezuela-alemania/
7.- http://www.desarrollominero.gob.ve/tag/carbozulia/
9.- https://www.youtube.com/watch?v=yPR2FySX4i0
